Con el objetivo de restablecer el servicio pleno de las centrales hidroeléctricas y recuperar la infraestructura dañada por el aluvión del 11 de enero, la cámara baja de la legislatura provincial aprobó por mayoría una ley que declara la emergencia del Sistema Hidroeléctrico “Los Nihuiles” por un plazo de 14 meses.
La norma también extiende el período de transición de las concesiones actuales y habilita al Ejecutivo provincial a llevar adelante licitaciones y nuevas adjudicaciones.
Entre sus puntos centrales, la ley faculta al Gobierno a disponer de los fondos necesarios para las obras de reparación, estableciendo que estas acciones son urgentes e imprescindibles para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente del sistema energético.
Hay que recordar que el aluvión del pasado 11 de enero generó dejando daños estructurales severos en las turbinas, playas de transformación, y equipos auxiliares de las centrales II y III. El fenómeno fue tan inusual que triplicó el caudal máximo para el que habían sido diseñadas las centrales.
LO QUE DICE LA LEY
La normativa extiende la transición de las concesiones a HINISA e HIDISA —las empresas a cargo de los complejos en los ríos Atuel y Diamante, respectivamente— hasta que se verifique el cumplimiento total de los contratos vigentes. A su vez, habilita una licitación conjunta de ambos sistemas hidroeléctricos y prevé una eventual nueva concesión por hasta 30 años, siempre bajo control provincial y con condiciones que incluyan previsibilidad jurídica, adecuación de cánones, estándares ambientales y eficiencia energética.
EL DEBATE EN LA LEGISLATURA
Durante el tratamiento, el diputado radical José Manuel Vilches (UCR) opinó que “el gobierno de Mendoza va a disponer de los fondos para recuperar la infraestructura dañada, realizar las obras necesarias y restablecer el servicio pleno de las Centrales Hidroeléctricas”, lo que consideró “de suma importancia y necesidad para cada uno de los vecinos del sur mendocino”.
Algunos bloques decidieron no acompañar el proyecto, aludiendo a falta de informes técnicos sobre los daños, incertidumbre sobre contrataciones y asignación de recursos, especialmente porque no se sabe el costo real de la reparación.
COMO SIGUE
Con la ley ya sancionada, el Gobierno de Mendoza podrá avanzar con relevamientos técnicos, licitaciones, ejecución de obras y eventualmente, una nueva concesión del sistema hidroeléctrico. Todo esto con la meta de garantizar el suministro energético a San Rafael, Malargüe y General Alvear, zonas directamente afectadas por el corte de servicio y la fragilidad actual de la infraestructura.
